El 8 de mayo de 1986 nueve dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), a las órdenes del entonces comisario Henry López Sisco. La masacre tuvo lugar en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy.
Solo 4 años habían pasado de la masacre de Cantaura en el estado Anzoátegui, cuando el gobierno adeco de Jaime Lusinchi, representado por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, y el jefe de la Disip Henry López Sisco, volvió a ejecutar una operación dirigida a erradicar grupos de izquierda.
Luis Rafael Guzmán Green (40), José Rosendo Silva Medina (33), Ronald José Morao Salgado (31),Dilia Antonia Rojas (42), Simón José Romero Madrid (28), Pedro Pablo Jiménez García (40), Rafael Ramón Quevedo Infante (31), Nelson Martín Castellano Díaz (31) y Alfredo Caicedo Castillo (31) fueron las víctimas de este sangriento crimen.
La justificación de los funcionarios fue decir que había sido un enfrentamiento armado y que fueron emboscados en un lugar boscoso por los asesinados. Situación típica de la cuarta república cuando de ocultar asesinatos se trataba. Gracias a las evidencias fotográficas que revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de vegetación baja y todo el terreno estaba despejado, los testimonios de los responsables resultaron evidentemente falsos.
Testigos declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip fueron detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros, y así lo demostraron los estudios criminalísticos y las evidencias. No fue más que una matanza orquestada por el gobierno de Lusinchi para acabar con sus disidentes.
Por muchos años la masacre de Yumare fue silenciada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca se pronunció aun cuando es la vida un derecho inviolable y sagrado.
Sin embargo, el caso fue reabierto por la Revolución Bolivariana.
Así, en el 2011 fiscales del estado Yaracuy condenaron a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare.
A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.
Solo 4 años habían pasado de la masacre de Cantaura en el estado Anzoátegui, cuando el gobierno adeco de Jaime Lusinchi, representado por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, y el jefe de la Disip Henry López Sisco, volvió a ejecutar una operación dirigida a erradicar grupos de izquierda.
Luis Rafael Guzmán Green (40), José Rosendo Silva Medina (33), Ronald José Morao Salgado (31),Dilia Antonia Rojas (42), Simón José Romero Madrid (28), Pedro Pablo Jiménez García (40), Rafael Ramón Quevedo Infante (31), Nelson Martín Castellano Díaz (31) y Alfredo Caicedo Castillo (31) fueron las víctimas de este sangriento crimen.
La justificación de los funcionarios fue decir que había sido un enfrentamiento armado y que fueron emboscados en un lugar boscoso por los asesinados. Situación típica de la cuarta república cuando de ocultar asesinatos se trataba. Gracias a las evidencias fotográficas que revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de vegetación baja y todo el terreno estaba despejado, los testimonios de los responsables resultaron evidentemente falsos.
Testigos declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip fueron detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros, y así lo demostraron los estudios criminalísticos y las evidencias. No fue más que una matanza orquestada por el gobierno de Lusinchi para acabar con sus disidentes.
Por muchos años la masacre de Yumare fue silenciada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca se pronunció aun cuando es la vida un derecho inviolable y sagrado.
Sin embargo, el caso fue reabierto por la Revolución Bolivariana.
Así, en el 2011 fiscales del estado Yaracuy condenaron a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare.
A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.
Texto original : https://www.conelmazodando.com.ve/1986-masacre-de-yumare-macabra-muestra-de-como-opera-la-derecha
Triste y lamentable, pero en aquellos gobiernos de la IV, así actuaban. Sin compasión. Sinembargo en esta dictadura, le sacan hasta la madre al Presidente, y ud. los ve por alli, vivitos y coleando. Que tal!
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